viernes, febrero 10
Las desorientaciones ambientales del Ministerio
por la Fundación Nueva Cultura del Agua
Las orientaciones de la política de agua de la legislatura 2011-2015 presentada por el Ministro Arias Cañete en el Congreso de Diputados el 1 de febrero de 2011, adolecen de una fragrante fragmentación en su análisis. Es como si no existieran contradicciones entre las distintas competencias que gestiona y como si éstas pudieran gestionarse sin tomar en consideración el modelo de desarrollo territorial vigente y su necesaria reorientación. La austeridad sólo se predica del gasto público pero no en el control de la demanda, lo que supondrá en su aplicación el incremento del estrés hídrico y el deterioro de las aguas y sus ecosistemas.
El Ministro considera necesario un pacto nacional del agua que se plasmará en un nuevo plan hidrológico nacional, con una nueva programación de inversiones y actuaciones. Se centra por tanto en el fomento público de la obra hidráulica estatal, minimizando en lo posible su compromiso con los deberes de carácter ambiental. Se ha expresado con un discurso ambiguo y una clara complacencia hacia los intereses y posiciones de las oligarquías de los regantes. Refuerza las aspiraciones de trasvases aunque no las concreta. Estas orientaciones conducen de forma clara a postergar la protección ambiental frente a los meros intereses económicos. Hay que recordar que la nueva política de aguas que emana de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea considera la principal unidad de planificación y gestión de aguas la Demarcación hidrográfica, ya sea internacional, intercomunitaria o intracomunitaria, no el Estado, y que el primer objetivo de dicha política es la protección de las aguas y sus ecosistemas, no las obras hidráulicas.
El nuevo Ministro no establece un plazo para la presentación de los nuevos planes de gestión de cuenca ni de sus medidas e inversiones asociadas, como demanda la Directiva Marco del Agua. Esos planes y medidas si supondrían un incentivo para la economía española en un sector que tiene buenos y cualificados profesionales. Antes de plantear una redistribución de aguas desde cuencas donde supuestamente sobra agua, hay que establecer los objetivos de calidad y determinar los caudales ambientales que deben circular por los ríos, como nos exige la normativa europea. Una visita al río Tajo en Toledo o Talavera de la Reina muestra los devastadores efectos que un trasvase mal planteado y peor gestionado puede tener sobre nuestros ríos. Los ríos españoles no pueden soportar los impactos de faraónicos trasvases, la situación del Tajo es clara muestra de ello. En el debate honesto sobre el futuro de la gestión integrada del agua en España el Ministerio encontrará en la FNCA un activo colaborador.
Aunque no se especifican los medidas concretas con las que se va a actuar para resolver los problemas en materia de aguas, si se manifiesta un rechazo expreso a la desalación en términos generales. Esta crítica se motiva en su coste para los regantes, sus efectos ambientales de consumo energético y el vertido de salmuera, y la necesaria inversión complementaria de 2.416 millones de euros. Pero la crítica a la desalación oculta que el coste es menor que el de los trasvases, que permite una oferta de agua modulable a demanda, que hace más transparente la recuperación de costes por su predominio de costes energéticos frente a los costes de capital (estos últimos permiten enmascarar las subvenciones públicas para la construcción de obras hidráulicas en exiguas amortizaciones a largo plazo), que tiene menos costes energéticos que un trasvase si se analiza el ciclo de vida completo de la obra, que ofrece más garantía y continuidad del suministro, posibilita un control exhaustivo del uso de sus caudales y tiene mucho menor impacto que un trasvase ya que un buen emplazamiento y la dispersión de la salmuera corrigen los posibles efectos negativos. El rechazo a la desalación como parte de la solución a los problemas del agua es sesgado, al faltar una comparación de coste y eficacia con el resto de medidas factibles.
Respecto del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), el Ministro manifiesta que este ha incumplido su “promesa” de inversión y regularización de 8.000 pozos ilegales, por lo que es rechazado. La derogación o revisión del PEAG se anuncia una vez está en su fase final la legalización de un importante número de pozos ilegales. Se dejan sin aplicar las medidas de carácter ambiental que debían haberse realizado de manera paralela a la legalización de los pozos y se suprimen los límites establecidos en el PEAG para dicha legalización. La derogación del PEAG sin cumplir sus objetivos ambientales supondría un fraude a los fines de la importante inversión pública realizada hasta ahora.
Mantiene el Ministro que se va a impulsar el uso de aguas reutilizadas, liberando aguas de mayor calidad para otros usos económicos y asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos. Debe recordar que el objetivo adoptado por todos los Estado de la Unión Europea, el buen estado de todas las masas de agua, no se consigue destinando a este fin las aguas residuales tratadas como parece indicar con sus declaraciones. El buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos no es sólo una cuestión de cantidad sino también de la calidad de las aguas que se destinan a este fin. Además el buen estado también comprende a las aguas subterráneas, que el Ministro ni siquiera menciona.
El Ministro también ha alcanzado el compromiso de simplificar y racionalizar la normativa ambiental, siempre con respeto a las garantías exigibles. El anuncio de la simplificación en la normativa es una medida de riesgo para la eficacia en un ámbito como el de la protección ambiental, donde la complejidad de los problemas requiere un tratamiento integrado y un control administrativo amplio. Del mismo modo que la simplificación del procedimiento penal podría llevar a suprimir garantías de defensa del acusado, aquí puede llevar a la supresión de valores ambientales de carácter irreversible.
El Ministerio prevé un nuevo Plan Nacional de Regadíos para lograr una gestión integral del agua de riego que reduzca el consumo, mejore la eficiencia y evite el deterioro de los recursos hídricos. El Plan Nacional de Regadíos ha sido históricamente un instrumento de fomento que aumentaba el regadío, pero en la actualidad no puede mantenerse dicha orientación por razones económicas, sociales y ambientales. No es aceptable plantear un nuevo Plan Nacional de Regadíos sin la evaluación pública de los resultados obtenidos con el plan anterior. Los objetivos de eficiencia de la modernización de regadíos no pueden olvidar sus efectos globales sobre la cuenca hidrográfica. Al fijarse únicamente en los efectos de la modernización a escala de parcela o comunidad de regantes, se olvida que los supuestos ahorros nunca se quedan en los ríos sino que se destinan a otros usos, contribuyendo a aumentar el estrés hídrico de la cuenca. El principio de integración y precaución debe llevar los objetivos de la política agrícola a reducir la superficie de regadío y la extracción neta de caudales, haciendo las explotaciones más adecuadas a los recursos hídricos realmente disponibles y a los actuales objetivos de sostenibilidad.
Por último, en cuanto a las propuestas sobre el litoral resulta contradictorio que el Ministro declare que potenciará la protección, pero olvide la restauración y opte por la desafectación del dominio público para terrenos degradados. Esta política flexibilizará los criterios de protección del dominio público y de los ecosistemas. Supone una reducción de la prioridad de la protección ambiental establecida en el Derecho comunitario y en las actuales estrategias científicas e internacionales de gestión costera. En particular resulta incompatible con la reducción de los riesgos de inundación, la fragilidad ecológica de las costas, y la adaptación a los efectos del cambio climático. Resulta además contrario a toda racionalidad económica situar bienes de alto valor económico en zonas de riesgo, no sólo porque nos hace más vulnerables sino porque nos expone a mayores daños o costes desproporcionados para su defensa.
Descargar documento en:
http://www.fnca.eu/wp-content/uploads/2012/02/Las-desorientaciones-ambientales-del-Ministerio_FNCA.pdf
por la Fundación Nueva Cultura del Agua
Las orientaciones de la política de agua de la legislatura 2011-2015 presentada por el Ministro Arias Cañete en el Congreso de Diputados el 1 de febrero de 2011, adolecen de una fragrante fragmentación en su análisis. Es como si no existieran contradicciones entre las distintas competencias que gestiona y como si éstas pudieran gestionarse sin tomar en consideración el modelo de desarrollo territorial vigente y su necesaria reorientación. La austeridad sólo se predica del gasto público pero no en el control de la demanda, lo que supondrá en su aplicación el incremento del estrés hídrico y el deterioro de las aguas y sus ecosistemas.
El Ministro considera necesario un pacto nacional del agua que se plasmará en un nuevo plan hidrológico nacional, con una nueva programación de inversiones y actuaciones. Se centra por tanto en el fomento público de la obra hidráulica estatal, minimizando en lo posible su compromiso con los deberes de carácter ambiental. Se ha expresado con un discurso ambiguo y una clara complacencia hacia los intereses y posiciones de las oligarquías de los regantes. Refuerza las aspiraciones de trasvases aunque no las concreta. Estas orientaciones conducen de forma clara a postergar la protección ambiental frente a los meros intereses económicos. Hay que recordar que la nueva política de aguas que emana de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea considera la principal unidad de planificación y gestión de aguas la Demarcación hidrográfica, ya sea internacional, intercomunitaria o intracomunitaria, no el Estado, y que el primer objetivo de dicha política es la protección de las aguas y sus ecosistemas, no las obras hidráulicas.
El nuevo Ministro no establece un plazo para la presentación de los nuevos planes de gestión de cuenca ni de sus medidas e inversiones asociadas, como demanda la Directiva Marco del Agua. Esos planes y medidas si supondrían un incentivo para la economía española en un sector que tiene buenos y cualificados profesionales. Antes de plantear una redistribución de aguas desde cuencas donde supuestamente sobra agua, hay que establecer los objetivos de calidad y determinar los caudales ambientales que deben circular por los ríos, como nos exige la normativa europea. Una visita al río Tajo en Toledo o Talavera de la Reina muestra los devastadores efectos que un trasvase mal planteado y peor gestionado puede tener sobre nuestros ríos. Los ríos españoles no pueden soportar los impactos de faraónicos trasvases, la situación del Tajo es clara muestra de ello. En el debate honesto sobre el futuro de la gestión integrada del agua en España el Ministerio encontrará en la FNCA un activo colaborador.
Aunque no se especifican los medidas concretas con las que se va a actuar para resolver los problemas en materia de aguas, si se manifiesta un rechazo expreso a la desalación en términos generales. Esta crítica se motiva en su coste para los regantes, sus efectos ambientales de consumo energético y el vertido de salmuera, y la necesaria inversión complementaria de 2.416 millones de euros. Pero la crítica a la desalación oculta que el coste es menor que el de los trasvases, que permite una oferta de agua modulable a demanda, que hace más transparente la recuperación de costes por su predominio de costes energéticos frente a los costes de capital (estos últimos permiten enmascarar las subvenciones públicas para la construcción de obras hidráulicas en exiguas amortizaciones a largo plazo), que tiene menos costes energéticos que un trasvase si se analiza el ciclo de vida completo de la obra, que ofrece más garantía y continuidad del suministro, posibilita un control exhaustivo del uso de sus caudales y tiene mucho menor impacto que un trasvase ya que un buen emplazamiento y la dispersión de la salmuera corrigen los posibles efectos negativos. El rechazo a la desalación como parte de la solución a los problemas del agua es sesgado, al faltar una comparación de coste y eficacia con el resto de medidas factibles.
Respecto del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), el Ministro manifiesta que este ha incumplido su “promesa” de inversión y regularización de 8.000 pozos ilegales, por lo que es rechazado. La derogación o revisión del PEAG se anuncia una vez está en su fase final la legalización de un importante número de pozos ilegales. Se dejan sin aplicar las medidas de carácter ambiental que debían haberse realizado de manera paralela a la legalización de los pozos y se suprimen los límites establecidos en el PEAG para dicha legalización. La derogación del PEAG sin cumplir sus objetivos ambientales supondría un fraude a los fines de la importante inversión pública realizada hasta ahora.
Mantiene el Ministro que se va a impulsar el uso de aguas reutilizadas, liberando aguas de mayor calidad para otros usos económicos y asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos. Debe recordar que el objetivo adoptado por todos los Estado de la Unión Europea, el buen estado de todas las masas de agua, no se consigue destinando a este fin las aguas residuales tratadas como parece indicar con sus declaraciones. El buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos no es sólo una cuestión de cantidad sino también de la calidad de las aguas que se destinan a este fin. Además el buen estado también comprende a las aguas subterráneas, que el Ministro ni siquiera menciona.
El Ministro también ha alcanzado el compromiso de simplificar y racionalizar la normativa ambiental, siempre con respeto a las garantías exigibles. El anuncio de la simplificación en la normativa es una medida de riesgo para la eficacia en un ámbito como el de la protección ambiental, donde la complejidad de los problemas requiere un tratamiento integrado y un control administrativo amplio. Del mismo modo que la simplificación del procedimiento penal podría llevar a suprimir garantías de defensa del acusado, aquí puede llevar a la supresión de valores ambientales de carácter irreversible.
El Ministerio prevé un nuevo Plan Nacional de Regadíos para lograr una gestión integral del agua de riego que reduzca el consumo, mejore la eficiencia y evite el deterioro de los recursos hídricos. El Plan Nacional de Regadíos ha sido históricamente un instrumento de fomento que aumentaba el regadío, pero en la actualidad no puede mantenerse dicha orientación por razones económicas, sociales y ambientales. No es aceptable plantear un nuevo Plan Nacional de Regadíos sin la evaluación pública de los resultados obtenidos con el plan anterior. Los objetivos de eficiencia de la modernización de regadíos no pueden olvidar sus efectos globales sobre la cuenca hidrográfica. Al fijarse únicamente en los efectos de la modernización a escala de parcela o comunidad de regantes, se olvida que los supuestos ahorros nunca se quedan en los ríos sino que se destinan a otros usos, contribuyendo a aumentar el estrés hídrico de la cuenca. El principio de integración y precaución debe llevar los objetivos de la política agrícola a reducir la superficie de regadío y la extracción neta de caudales, haciendo las explotaciones más adecuadas a los recursos hídricos realmente disponibles y a los actuales objetivos de sostenibilidad.
Por último, en cuanto a las propuestas sobre el litoral resulta contradictorio que el Ministro declare que potenciará la protección, pero olvide la restauración y opte por la desafectación del dominio público para terrenos degradados. Esta política flexibilizará los criterios de protección del dominio público y de los ecosistemas. Supone una reducción de la prioridad de la protección ambiental establecida en el Derecho comunitario y en las actuales estrategias científicas e internacionales de gestión costera. En particular resulta incompatible con la reducción de los riesgos de inundación, la fragilidad ecológica de las costas, y la adaptación a los efectos del cambio climático. Resulta además contrario a toda racionalidad económica situar bienes de alto valor económico en zonas de riesgo, no sólo porque nos hace más vulnerables sino porque nos expone a mayores daños o costes desproporcionados para su defensa.
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http://www.fnca.eu/wp-content/uploads/2012/02/Las-desorientaciones-ambientales-del-Ministerio_FNCA.pdf
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